Resumen

En este artículo se examina la estrategia de soberanía digital de la Federación Rusa y sus consecuencias para los derechos digitales en un contexto de creciente autonomía tecnológica. Pero además de la dimensión infraestructural, se explora cómo la interacción de la red nacional Runet, plataformas domésticas como VKontakte y el servicio de mensajería Max, junto al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial generativa como YandexGPT, GigaChat y Kandinsky, está redefiniendo las dinámicas de acceso a la información, comunicación y participación en el entorno digital. Desde la perspectiva de la epistemología social, la filosofía política y los derechos humanos digitales, la soberanía tecnológica rusa puede entenderse como un marco que influye en las condiciones de producción y circulación de la información.

Más allá de la censura o la vigilancia, este modelo puede influir en los procesos de producción y validación del conocimiento, planteando nuevos desafíos para la autonomía cognitiva, el pluralismo informativo y la calidad del debate democrático.

Palabras clave: soberanía digital; derechos digitales; Runet; Inteligencia artificial generativa

Introducción

En el debate sobre gobernanza tecnológica, la atención se ha centrado principalmente en dos ámbitos. El primero analiza las capacidades de vigilancia asociadas a las tecnologías digitales y al uso intensivo de datos (Bauman & Lyon, 2013; Foucault, 1975; Zuboff, 2019). El segundo examina fenómenos relacionados con la regulación de la información, la censura y la desinformación en el espacio público (Pomerantsev, 2014; Snyder, 2018; Soldatov & Borogan, 2015). Aunque estos enfoques han sido fundamentales para comprender cómo se ejerce el poder en la era digital, no bastan para explicar los cambios más recientes derivados de la integración de infraestructuras digitales, plataformas y sistemas de inteligencia artificial en la producción y circulación del conocimiento.

Entre 2012 y 2026, el debate sobre los derechos digitales en Rusia ha estado marcado no solo por cuestiones relacionadas con la censura o las restricciones a determinadas voces críticas, sino también por cambios más amplios en la configuración del ecosistema digital. Los derechos digitales, entendidos como la extensión de los derechos humanos al entorno digital, incluyen la libertad de expresión, el acceso a información plural y fiable, la protección de la privacidad, el anonimato en línea y la participación en la vida pública a través de medios digitales (Access Now, 2022; Freedom House, 2023). En este contexto, resulta relevante analizar cómo la evolución de las infraestructuras digitales, las plataformas nacionales y los sistemas de inteligencia artificial puede influir en las condiciones que hacen posible el ejercicio efectivo de estos derechos.

La tesis central de este artículo es que la soberanía digital rusa trasciende los objetivos de autonomía tecnológica y seguridad de las infraestructuras que habitualmente acompañan este tipo de estrategias estatales. A través del desarrollo de Runet, plataformas digitales nacionales y sistemas de inteligencia artificial generativa, se está configurando un ecosistema tecnológico con capacidad para influir en la circulación de la información, las dinámicas de participación pública y los procesos de producción de conocimiento. En este contexto, la cuestión relevante no se limita al control de contenidos específicos, sino a cómo la integración de infraestructura, plataformas y sistemas algorítmicos puede afectar las condiciones que hacen posible el ejercicio efectivo de los derechos digitales. Se argumenta que estas transformaciones plantean importantes desafíos para la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad y la autonomía cognitiva de los ciudadanos, situando la gobernanza tecnológica en el centro del debate contemporáneo sobre derechos humanos.

Desarollo

1. La soberanía digital en perspectiva

Para comprender la soberanía digital rusa desde los derechos humanos, debe superarse la definición técnica que la reduce al aislamiento de redes informáticas. En el contexto de la gobernanza digital contemporánea, la soberanía digital se ha consolidado como un enfoque político y regulatorio orientado a reforzar la capacidad de los Estados para gestionar infraestructuras digitales, flujos de datos y servicios tecnológicos dentro de sus fronteras. En el caso ruso, este proceso se ha materializado en un conjunto de políticas destinadas a fortalecer el control nacional sobre el ecosistema digital y reducir la dependencia de actores tecnológicos externos (Epifanova, 2020; Ermoshina y Musiani, 2017).

Desde la epistemología social, el conocimiento no se produce de manera individual, sino a través de procesos colectivos sustentados en instituciones de confianza, flujos informativos abiertos y mecanismos de contraste y verificación (Goldman, 1999). En este contexto, la forma en que se organizan los ecosistemas digitales puede influir en las condiciones de acceso, circulación y validación de la información. Estas dinámicas adquieren una relevancia especial desde la perspectiva de los derechos humanos, dado que derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación en la vida pública y la privacidad dependen, cada vez más, de las infraestructuras y plataformas que median la comunicación digital. Para analizar estas transformaciones, este artículo emplea el concepto de arquitectura de la erosión epistémica, entendido como un marco que permite explorar cómo determinadas configuraciones tecnológicas pueden afectar la capacidad de los individuos para evaluar información, confiar en fuentes de conocimiento y formar opiniones de manera autónoma. A diferencia del panóptico tradicional propuesto por Foucault (1975), el énfasis no recae exclusivamente en la vigilancia directa, sino en los procesos de mediación que intervienen en la construcción, circulación y validación del conocimiento. En consecuencia, el análisis de estos ecosistemas digitales no solo remite a cuestiones de gobernanza tecnológica, sino también a las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos humanos en el entorno digital.

Antecedentes y desarrollo

La evolución de la soberanía digital rusa refleja la creciente integración de infraestructura tecnológica, marcos regulatorios y sistemas de inteligencia artificial, todos ellos dentro de un mismo ecosistema digital. Esta convergencia está cambiando las condiciones de acceso, circulación y producción de información, con implicaciones importantes para el ejercicio de los derechos digitales y para la relación entre la gobernanza tecnológica y los derechos humanos.

En el nivel infraestructural y legal, el pilar central es la Ley de Internet Soberano de 2019 (Ley N.º 90-FZ). Esta norma obliga a instalar dispositivos de Inspección Profunda de Paquetes (DPI), gestionados centralizadamente por Roskomnadzor. La tecnología DPI permite inspeccionar el contenido de los paquetes de datos, ralentizar las plataformas e interceptar los protocolos de cifrado. Esta capacidad se acopla con el sistema SORM (SORM-1/2/3), que garantiza al FSB acceso directo en tiempo real a las comunicaciones privadas sin orden judicial (Soldatov & Borogan, 2015).

La creciente implantación de tecnologías de videovigilancia biométrica, respaldada por una amplia red de cámaras en Moscú, plantea importantes interrogantes sobre la protección de la privacidad, el anonimato y el tratamiento de datos personales en los espacios públicos digitales (TASS, 2025).

Casos documentados de arrestos diferidos tras manifestaciones demuestran cómo la biometría infunde intimidación, forzando una autocensura epistémica preventiva por temor a sanciones (OVD-Info, 2021).

Regulación de la información y desafíos para la libertad de expresión

En el ámbito de la libertad de expresión y el pluralismo informativo, las Leyes de Agentes Extranjeros (N.º 121-FZ) y de Organizaciones Indeseables (N.º 129-FZ) han tenido un impacto significativo sobre la actividad de organizaciones de la sociedad civil, medios independientes y entidades de defensa de los derechos humanos. Diversos informes señalan que la aplicación de estos instrumentos regulatorios ha incrementado las obligaciones administrativas, las restricciones operativas y las dificultades de financiación de un amplio número de organizaciones (Freedom House, 2022; RSF, 2024).

Periodistas como el Premio Nobel Dmitry Muratov (Novaya Gazeta) y medios como Dozhd y Meduza fueron clasificados como agentes extranjeros y forzados al exilio. Tras la invasión de Ucrania en 2022, las Leyes N.º 32-FZ y N.º 63-FZ criminalizaron la difusión de información no oficial, imponiendo penas de hasta 15 años de prisión por usar términos como "guerra" o "invasión". Los procedimientos judiciales iniciados contra figuras como Alexei Gorinov, Ilya Yashin y Alexandra Skochilenko por sus declaraciones públicas sobre la guerra han suscitado un amplio debate internacional sobre los límites de la libertad de expresión en contextos de conflicto. Desde la perspectiva de la justicia epistémica, estos casos resultan relevantes porque reflejan cómo determinados marcos regulatorios pueden influir en las categorías discursivas disponibles para interpretar y debatir acontecimientos de interés público.

El efecto “Shadow banning”

En la modulación algorítmica, el Estado impone la migración hacia aplicaciones nacionales. VKontakte (VK) aplica shadow banning y restricciones que reducen entre un 70% y 90% el alcance de contenidos independientes, priorizando la propaganda oficial (Citizen Lab, 2023). Esto genera mayorías perceptivas artificiales que potencian la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1984). El modelo se profundiza con el messenger estatal Max, desarrollado por VK e integrado con Gosuslugi, el portal unificado de servicios públicos digitales de Rusia, utilizado para acceder a trámites administrativos, documentación oficial, pagos, sanidad y otros servicios gubernamentales. En la literatura rusa reciente, Max se presenta como un ejemplo de modernización de la administración electrónica y de fortalecimiento de la soberanía tecnológica nacional (Diskin y Malyutin, 2026). La integración de servicios de mensajería, identificación digital y acceso a servicios públicos se describe como un mecanismo para aumentar la eficiencia y la accesibilidad de la interacción entre ciudadanos y Estado. Al mismo tiempo, desde una perspectiva de derechos digitales, esta concentración funcional invita a examinar sus posibles implicaciones para la privacidad, la gobernanza de los datos y el equilibrio entre eficiencia administrativa y garantías fundamentales.

La frontera más reciente de este proceso es la gubernamentalización de la inteligencia artificial generativa. Desde la perspectiva foucaultiana, gobernar no consiste únicamente en prohibir mediante la ley, sino en estructurar el campo de acción posible de los individuos a través de saber y tecnología (Foucault, 1975). Los modelos autóctonos YandexGPT y GigaChat, y el modelo visual Kandinsky han sido entrenados sobre corpus filtrados conforme a leyes de extremismo y verdad histórica (Beyer, 2023. Al ser consultados sobre temas sensibles o violaciones de derechos humanos, responden con censura estricta, ambigüedad o silencio selectivo (Noels et al., 2025; Urman & Makhortykh, 2024). Complementariamente, la producción masiva de contenidos sintéticos emocionales (slopaganda) satura el entorno digital con imágenes y discursos que desgastan la atención crítica y distorsionan la deliberación pública (Klincewicz et al., 2025).

La interacción entre infraestructuras digitales, marcos regulatorios, sistemas algorítmicos e inteligencia artificial generativa está transformando las dinámicas del espacio público digital. Diversos autores han señalado que estos procesos pueden influir tanto en la circulación de la información como en las formas de participación ciudadana y en la relación de los individuos con las instituciones y las fuentes de conocimiento (Guriev & Treisman, 2019; Proctor, 2020). En este contexto, resulta pertinente analizar cómo la disponibilidad de información fiable, la confianza en las fuentes y la percepción de vigilancia pueden incidir en la formación de opiniones y en el ejercicio de la ciudadanía en entornos digitales.

Conclusiones

El análisis de la soberanía digital en Rusia sugiere que las transformaciones recientes de la gobernanza tecnológica tienen implicaciones que trascienden la dimensión infraestructural o de seguridad. En línea con el objetivo de este estudio, la evidencia examinada indica que la soberanía digital puede entenderse también como un proceso que influye en los mecanismos de producción, circulación y validación del conocimiento en el entorno digital. La creciente integración entre infraestructura, plataformas digitales e inteligencia artificial modifica las condiciones bajo las cuales los ciudadanos acceden a la información, participan en el debate público y ejercen determinados derechos digitales. En este contexto, el caso ruso pone de relieve las tensiones emergentes entre autonomía tecnológica, control de la información y protección de los derechos fundamentales.

A través de la integración de Runet, mecanismos de gestión del tráfico digital, sistemas de supervisión, plataformas nacionales como Max y VKontakte, y el desarrollo de modelos propios de inteligencia artificial generativa, Rusia ha configurado un ecosistema digital cada vez más integrado. Este proceso resulta relevante para analizar cómo determinadas infraestructuras tecnológicas pueden influir en la circulación de la información, la formación de opiniones y las condiciones de ejercicio de los derechos digitales.

Estas dinámicas plantean desafíos relevantes para la protección de derechos como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a información plural y la participación en la vida pública. Más allá de las infraestructuras tecnológicas, el debate gira en torno a las condiciones que permiten a los ciudadanos acceder a información diversa, contrastar perspectivas y formar opiniones de manera autónoma. Desde la perspectiva de la justicia epistémica, ello invita a reflexionar sobre cómo los ecosistemas digitales pueden favorecer o limitar el pluralismo informativo y la deliberación pública. En este sentido, mantiene plena vigencia la reflexión de Andrey Sájarov (1968), quien afirmó que «la sociedad humana necesita libertad intelectual: libertad para obtener y difundir información, libertad para un debate abierto, imparcial y sin temor, y libertad frente a la presión de la autoridad y los prejuicios». En un entorno cada vez más mediado por plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial, esta idea continúa siendo una referencia relevante para pensar la relación entre gobernanza tecnológica y derechos humanos.

Referencias

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