Resumen

El propósito de este trabajo es establecer un panorama general de los diversos centros clandestinos de detención que se instalaron en el marco del terrorismo de Estado imperante en la última dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. No obstante, el análisis se centrará en uno de ellos en particular: el Departamento de Información Policial de Mendoza, llamado también D2, como ejemplo representativo de estos establecimientos clandestinos. Para ello, se explicará su funcionamiento, estructura y la manera en la que operaba; una logística que permitió que los derechos humanos fueran pisoteados y sus autores gozaran de cierta impunidad. Se expondrán, además, testimonios de aquellas personas que pasaron por sus puertas y cuentan en primera persona las atrocidades ocurridas en su interior. Todo ello con el fin de establecer la importancia del compromiso social de recordar el pasado, ejercitar la memoria y evitar futuros abusos en el marco de la democracia.

Introducción

"El silencio de la noche era roto únicamente por el sonido sordo de las puertas oxidadas y el eco de pasos apresurados en pasillos oscuros. Las paredes de estos lugares secretos eran testigos mudos de horrores inimaginables." (Anónimo).

Esta monografía se adentra en el análisis de los centros clandestinos de detención (en adelante, CCD) durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983, una época sombría de la historia nacional en la que miles de personas fueron detenidas, secuestradas, torturadas y, en muchos casos, desaparecidas por el terrorismo de Estado. Los CCD surgieron como símbolos de un régimen despiadado que intentaba doblegar la voluntad de su pueblo; lejos de los ojos del público y de la mirada de la justicia, fueron un componente clave para la represión. Desde su concepción, estuvieron pensados para no dejar huellas en las ciudades, para ser ilegales y silenciosos. En virtud de la extensión del trabajo, el enfoque se dirigirá en particular hacia uno de los CCD más importantes de la provincia de Mendoza: el llamado Departamento de Información Policial de Mendoza (D2).

Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este trabajo es reflexionar sobre la importancia de saber y comprender el impacto social de lo ocurrido en este centro clandestino de detención, tortura y exterminio. De esta manera, no solo se arroja luz sobre la magnitud de la violación de los derechos humanos ocurrida durante la dictadura, sino que también resulta fundamental para entender la lucha por la justicia y la memoria que ha caracterizado a la provincia en las décadas posteriores. Las investigaciones, los juicios y los esfuerzos colectivos han sido aspectos centrales en la búsqueda de verdad y justicia para recordar a las víctimas y honrar su legado.

Mantener viva la memoria es un acto de responsabilidad y un compromiso con las víctimas y la sociedad para la prevención de futuros abusos de poder, para la promoción de la paz, la reconciliación y la transparencia de la democracia. Enseñar el pasado permite la construcción de una nueva ciudadanía política, justa, con valores y respeto por los derechos fundamentales.

Para entender la importancia de lo mencionado, conviene remitirse a las palabras de Eugenio Paris, sobreviviente del D2, quien afirma: "Tengo un compromiso ético con los que murieron acá, cuento sus historias porque eran pibes que sonreían, que tenían ganas, utopías, que asumieron el compromiso político para cambiar algo y terminaron sus días de la peor forma".

La dictadura militar argentina dejó un legado de terror que superó las fronteras de lo inimaginable, implementando un mecanismo de control y disciplinamiento social nunca antes visto; estos hechos no deben quedar en el olvido y los autores de dichos crímenes deben ser juzgados. Por todo lo expuesto, se afirma que no es posible construir una sociedad democrática sin memoria, ni verdad, ni justicia. Remontarse al pasado es un compromiso ético y social.

Preguntas centrales

En este marco introductorio surgen las siguientes preguntas centrales: ¿Cómo ha impactado la existencia del D2 en la memoria colectiva de Mendoza y en la sociedad local? Y ¿qué consecuencias legales ha tenido la actividad del D2 en la actualidad?

Contexto histórico

Para comprender los episodios que marcaron la dictadura militar, es importante remontarse a la década de 1970. Mientras el mundo experimentaba cambios políticos y sociales significativos, Argentina se encontraba inmersa en una profunda crisis que culminaría en uno de los capítulos más siniestros de su historia contemporánea: el terrorismo de Estado. Para ese entonces, la muerte de Juan Domingo Perón y la sucesión del mando a su esposa, Isabel Perón, marcaron el inicio de una incipiente descomposición del gobierno. El gobierno de Isabel Perón había enfrentado una creciente agitación y disturbios debido a la polarización política y la lucha entre facciones dentro del peronismo, el partido gobernante. Esta inestabilidad debilitó la capacidad del gobierno para mantener el orden y la paz.

Durante dicho gobierno hubo un significativo aumento de la actividad de grupos guerrilleros de izquierda como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Estos grupos buscaban derrocar al gobierno y promover cambios radicales en el país. La violencia política y los ataques guerrilleros contribuyeron a un clima de inseguridad. Las fuerzas armadas de Argentina habían expresado su preocupación por la situación política y la creciente violencia guerrillera. Temían que la inestabilidad llevara al país al caos, por lo que algunos sectores militares consideraban que intervenir era necesario para "restaurar el orden". Es importante destacar que hubo sectores civiles, incluyendo a grupos empresariales y parte de la clase media, que apoyaron el golpe militar, viendo en dicha intervención una forma de poner fin a la crisis.

En consecuencia, el 24 de marzo de 1976, una Junta Militar encabezada por tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas: el general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Armada) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea), derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. Esta nueva intervención militar fue totalmente diferente a las anteriores, puesto que se estableció un modo de gobierno basado en el terror, la ideología y la persecución; este golpe de Estado se autodenominó "Proceso de Reorganización Nacional".

La dictadura militar argentina

El Proceso de Reorganización Nacional (PRN), también conocido simplemente como el Proceso, fue la dictadura cívico-militar que gobernó a la República Argentina entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la entrega del poder a un gobierno constitucional, el 10 de diciembre de 1983. Adoptó la forma de un Estado burocrático-autoritario y se caracterizó por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado.

Entre los objetivos declarados por el Proceso se encontraban restaurar el orden y la estabilidad en el país, eliminar la subversión, suprimir la lucha armada y establecer un control autoritario sobre la sociedad. Por ello, se impuso una política de violación sistemática de los derechos humanos, dirigida contra todo sector de la población acusado de ser “subversivo”, es decir, los considerados opositores y peligrosos para el régimen político instaurado. En consecuencia, la dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores y exilios forzados en pos del “orden”. El país fue dividido en zonas, subzonas y áreas en coincidencia con los comandos del Cuerpo del Ejército, lo que implicó la organización y división de la responsabilidad en la tarea represiva.

En esta oportunidad, la búsqueda del “orden” supuso comenzar a instrumentar un feroz disciplinamiento en un contexto caracterizado por la creciente movilización social y política. La sociedad fue reorganizada en su conjunto en el plano político, económico, social y cultural. La dictadura se propuso eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional y aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. El método fue hacer “desaparecer” las fuentes de los conflictos (Adamoli, 2014, p. 19). El Estado terrorista no se limitó a eliminar físicamente a su enemigo político sino que, a la vez, pretendió sustraerle todo rasgo de humanidad, adueñándose de la vida de las víctimas y borrando todos los signos que dieran cuenta de ella: su nombre, su historia y su propia muerte (Adamoli, 2014, p. 15). Se violaron así las normas para el uso legítimo de la violencia y el Estado se transformó en el principal agresor de la sociedad civil, la cual es, en definitiva, la que legitima el monopolio de la violencia como atributo de los estados modernos (Adamoli, 2014, p. 24).

De esta manera se puso en marcha el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, también llamados CCDTyE (o CCD) por sus siglas, lugares propicios que contaban con instalaciones secretas empleadas por las Fuerzas Armadas y de seguridad de Argentina para torturar, interrogar, violar, mantener detenidas personas de forma ilegal y finalmente llevar a cabo el asesinato de un sinnúmero de víctimas. Los primeros fueron instalados en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Su cantidad y uso se generalizaron a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas en el marco del terrorismo de Estado. Con la caída de la dictadura y la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, los CCD dejaron de funcionar. Algunos de los más conocidos fueron el Club Atlético, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la Capital Federal, el centro clandestino de la Fuerza Aérea (o Casa Cóndor) y el Departamento de Información Policial de Mendoza (D2), entre otros.

Los centros clandestinos de detención (CCD)

Los CCD fueron instalaciones secretas —comisarías, cuarteles, unidades del servicio penitenciario, escuelas, empresas y otras propiedades públicas o privadas— que fueron utilizadas por las fuerzas represivas del Estado para la privación ilegal de la libertad de las personas de manera clandestina. En estos centros represivos, las personas detenidas-desaparecidas fueron sometidas a condiciones extremas de reclusión: sufrieron torturas, abuso sexual, aislamiento, malos tratos, trabajo esclavo y, en muchos casos, la muerte.

Según la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, al año 2023 se lograron identificar aproximadamente 800 lugares distribuidos en todo el territorio nacional que tuvieron ese uso. Estos se extendieron por todo el país, y cada uno de ellos es un testimonio de la crueldad y el abuso de poder que caracterizó a este período. En la presente monografía el objeto de estudio se concentrará en el Departamento de Información Policial (D2) de Mendoza.

El Departamento de Información Policial de Mendoza (D2)

Creación y ubicación

El edificio central de la Policía de Mendoza se proyectó a comienzos de los años 70, se inauguró en 1974 y se conoce como Palacio Policial. El edificio se ubica a metros de la Casa de Gobierno, en el centro cívico de la ciudad. Allí se instaló el Departamento 2 de Informaciones (D2), creado mediante la norma provincial Nº 3677 “Ley orgánica para la Policía de Mendoza”, del 8 de mayo de 1970, que dividió a la policía de Mendoza en una jefatura y cinco departamentos (D1: personal; D2: informaciones policiales; D3: operaciones policiales; D4: logística; D5: judicial). Este funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio hasta 1979 y fue el más importante de la provincia, cumpliendo un papel significativo en la represión llevada a cabo por la dictadura en la región.

Estructura y funcionamiento

El D2 funcionó bajo el control operacional del III Cuerpo del Ejército con sede en Córdoba, que estaba a cargo de la Zona 3. De esta dependía la subzona 33 con comando en la Brigada de Infantería de Montaña VIII en Mendoza, con jurisdicción en esa provincia más San Juan y San Luis. Las subzonas, a su vez, se dividían en áreas; el D2 como CCD formó parte del área 331. El edificio constaba de cuatro dependencias: a) Investigación de informaciones, b) Reunión, c) Planes e instrucción y d) Central. Si bien fue concebido para el abordaje de todo tipo de delitos bajo el rótulo de “Inteligencia Criminal”, terminó plenamente abocado al control y represión política.

Sus tareas consistían en la recopilación de datos obtenidos por vigilancia o mediante la infiltración de agentes en eventos políticos, gremiales o en manifestaciones públicas. Luego se realizaba el análisis de la información que permitía detectar personas sospechosas de subversión a las que se les abría un legajo, quedando de este modo “marcadas”. Estaba ubicado en un edificio discreto dentro de la estructura policial y sin señales exteriores que indicasen su verdadero propósito hacia los detenidos clandestinos. Operaba bajo una intensa secretividad y seguridad, con el objetivo de ocultar las actividades que tenían lugar en su interior.

En su estructura cuenta con dos zonas de calabozos y celdas que fueron utilizadas en el marco de la persecución política: unos ubicados en el entrepiso y otras en una zona inferior al nivel cero (piso del estacionamiento). En otras zonas del subsuelo estaba ubicada la principal sala de obtención de información bajo tormentos, denominada en el edificio como “sala de acumuladores”. Hubo otra sala de torturas que fue relatada por sobrevivientes, evidentemente menos utilizada, siempre en función de lo que se ha podido reconstruir a partir de las declaraciones. Allí las víctimas eran detenidas ilegalmente, sometidas a torturas físicas y psicológicas, y muchas de ellas desaparecieron en el contexto de la represión.

Testimonios de las víctimas

De aquellos que sobrevivieron al D2 se destacan los testimonios de Rosa del Carmen Gómez, quien permaneció nueve meses en el centro clandestino de detención. Ingresó junto con su marido, Ricardo Sánchez Coronel, quien actualmente se encuentra desaparecido en el marco de la represión. Allí sufrió todo tipo de torturas y violaciones. En una entrevista efectuada por el portal de noticias Unidiversidad, Rosa relata que nunca imaginó que hubiera un juicio y que su mayor anhelo siempre fue lograr una condena social para los represores. El testimonio de Rosa y de otras víctimas como Silvia Ontivero y Luz Faingold permitieron que la justicia estableciera la violación como delito de lesa humanidad, es decir, que se considere imprescriptible, tal como ocurre con las torturas.

Otro de sus sobrevivientes es Eugenio Paris, alias Keno. Según la entrevista realizada por el diario local Sitio Andino, cuenta que pasó 60 días encerrado en el D2; no habla de meses porque contaba los días de a uno. Tenía 20 años cuando fue secuestrado; estudiaba medicina y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue en mayo de 1976 cuando las fuerzas represivas lanzaron la orden de capturar a todos los pertenecientes a ese partido. Entró al D2 como todos: atado, vendado y a los golpes, comenzando a vivir el terrorismo de Estado en su propia piel. También sufrió todo tipo de torturas y vejaciones. En su celda tenía una claraboya (tragaluz en el techo) para darse cuenta si era de día o de noche y calcular el tiempo que llevaba allí.

En la mencionada entrevista, Keno cuenta que lo tuvieron 7 días sin comer y 60 días prisionero. Permaneció en una celda en la que no entraba una persona acostada y con un pedazo de tela de arpillera que logró atesorar para taparse. Vio pasar a muchas otras personas por el lugar, o al menos las escuchó, ya que cuando los sacaban de las celdas para interrogarlos siempre iban con los ojos vendados. El D2 estaba compuesto por un pasillo con 13 celdas; las del fondo eran un poco más grandes que el resto. En esas celdas llegaron a hacinar a 14 detenidos, uno arriba del otro. "La famosa pirámide humana", define Eugenio mientras lo relata. Así murió aplastado el mendocino Ángel Gil.

A Paris lo obligaron, entre otras cosas, a limpiar la celda de Aníbal Torres, un detenido al que mataron a golpes en el D2. Sobrevivió otros 4 meses en la penitenciaría de Mendoza, luego fue trasladado a La Plata donde estuvo secuestrado 5 años y terminó en Rawson. Pasó toda la dictadura entre rejas y vejaciones. "Me tocó casi apagar la luz", cuenta, porque salió en diciembre de 1983 con la vuelta de la democracia. Más de 40 años después, Eugenio guía a diversos grupos de personas por el ex D2, hoy recuperado como Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, y relata sus vivencias en el lugar.

Desmantelamiento y justicia

Consecuencias legales del accionar del D2

Con el retorno a la democracia, el accionar del D2 y sus represores fueron juzgados en cuatro juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Mendoza y dos en San Rafael, que tuvieron sentencia en los años 2010, 2011, 2013, 2017 y 2018, y en los cuales fueron condenados 19 agentes. Actualmente, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Mendoza está juzgando a exmiembros de la policía provincial que integraron el Departamento de Informaciones (D2) por delitos cometidos contra más de 300 personas entre 1974 y 1981, de las cuales 71 víctimas fueron asesinadas o desaparecidas, muchas de ellas menores de edad cuando ocurrieron los hechos. En dicha causa son 28 imputados, de los cuales algunos ya recibieron condenas anteriormente y otros se sientan por primera vez en el banquillo de los acusados.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Liga Argentina por los Derechos Humanos son querellantes en la causa e informaron en un comunicado que el D2 “se especializó en tareas de inteligencia contra militantes y organizaciones políticas desde antes de la dictadura cívico-militar” y “fue uno de los principales brazos ejecutores del terrorismo de Estado” en Mendoza. Hoy en Argentina se están llevando adelante 15 juicios orales en diferentes provincias. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas. Cabe destacar que el presente trabajo fue inspirado en las prácticas en territorio efectuadas en el marco de dicho juicio, una situación que movilizó la presente investigación y la necesidad de ahondar en la causa del D2.

Impacto del D2 en la memoria colectiva de Mendoza

En Mendoza, como en todo el país, ha habido un movimiento de derechos humanos activo que ha trabajado incansablemente para recordar y documentar los horrores del pasado. Estas organizaciones, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (CESyAC), han desempeñado un papel fundamental en mantener viva la memoria del D2.

En el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex D2 se realizan visitas guiadas para grupos educativos de nivel secundario, terciario y universitario, así como a organizaciones políticas y sociales (Comisión Provincial por la Memoria [CPM], s.f., p. 1). Cuenta con comisiones de trabajo como comunicación, puesta en valor, cultura y pedagogía. También alberga la biblioteca de libros recuperados y el Archivo Provincial de la Memoria. Además, se realizan charlas, conferencias, presentaciones, muestras y proyecciones audiovisuales, entre otras actividades culturales. Es un lugar de reunión y encuentro de colectivos sociales que luchan por los derechos y la casa de los organismos de derechos humanos locales (CPM, s.f., p. 1).

Proceso de desafectación

El 24 de marzo de 2013, el D2 fue señalizado como sitio del terrorismo de Estado en los términos de la Ley Nacional 26.691. Un año después, el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el Decreto 499/2014, ordenó la desafectación parcial por parte del uso policial para ser destinado a la Subsecretaría de Derechos Humanos local. La desafectación parcial (es decir, la entrega del sector del entrepiso donde están ubicados los calabozos) se hizo efectiva el 12 de septiembre de 2015 para la creación de un espacio para la memoria; el 10 de diciembre de ese mismo año abrió sus puertas al público. Actualmente, los organismos de derechos humanos siguen luchando por el reconocimiento por ley del Espacio para la Memoria (EPM) ex D2 y la disposición permanente de presupuesto para funcionar.

Gestión actual

El EPM ex D2 es provincial, dependiente en lo formal de la Dirección de Derechos Humanos local. Su funcionamiento definitivo se organiza a partir de un Consejo Directivo integrado por sobrevivientes del CCDTyE D2, la Asociación de Ex Presas y Presos Políticos, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Biblioteca Popular Casa por la Memoria y la Cultura Popular, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Asimismo, participan los ámbitos estatales de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo de Mendoza, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Conclusiones

Recordar los abusos de derechos cometidos durante este período histórico, mantener viva la memoria y tener un compromiso firme con las víctimas y los sobrevivientes de estos abusos es de suma importancia para la sociedad; esto asegura que aquellos responsables de los delitos cometidos sean llevados ante la justicia. La memoria histórica proporciona evidencia crucial para enjuiciar a quienes cometieron dichas violaciones. Al mantener vivo el recuerdo del pasado, se puede crear una conciencia colectiva sobre los peligros de la impunidad y la violencia estatal, sirviendo como un recordatorio constante de la importancia de proteger los derechos fundamentales y prevenir futuros abusos de poder.

El reconocimiento público de los abusos sufridos por las víctimas y los sobrevivientes es esencial para su proceso de reparación, sanación y recuperación. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre su pasado, incluso cuando ese pasado es doloroso y vergonzoso; esto garantiza que las futuras generaciones tengan acceso a la verdad y evita que se tergiverse la historia. La memoria histórica fomenta un compromiso cívico más sólido y una ciudadanía informada, ayudando a construir una sociedad que valora la justicia, la verdad y el respeto, lo que a su vez fortalece la democracia. El olvido o la negación de los abusos del pasado pueden llevar a que se repitan; mantener la memoria es una forma de resistir la repetición de estos eventos traumáticos. Recordar es un acto de homenaje a las víctimas y un reconocimiento de su sufrimiento y valentía, otorgándoles dignidad y un lugar en la historia de su país.

Reflexión final

Involucrarse en la investigación de los horrores de la dictadura militar argentina y los centros clandestinos de detención remite a una poderosa reflexión expresada por Merx Urtizberea: "Nunca más cerrar los ojos, nunca más estar dormido cuando una pesadilla va a quitarnos el sueño para siempre. Nunca más." Esta frase recuerda la importancia de mantener la atención despierta, de no olvidar y de enfrentar la oscuridad del pasado. Al concluir esta monografía, se reafirma el compromiso ineludible con la memoria, la verdad y la justicia, con la profunda esperanza de que nunca más se repitan los horrores del pasado en la sociedad.

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